En un caso emblemático para la justicia brasileña, el ex policía militar Ronnie Lessa y su cómplice, Élcio Queiroz, fueron condenados a 78 y 59 años de prisión respectivamente por el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes en 2018. El juicio, considerado uno de los más significativos en Brasil, concluyó con el veredicto de un jurado que deliberó brevemente antes de declarar culpables a los acusados de este doble homicidio.
El caso de Marielle Franco, una figura prominente de la política y el activismo en Brasil, ha marcado un antes y un después, en medio de años de investigación obstaculizada y pistas falsas. Las condenas de Lessa y Queiroz, quienes han alcanzado acuerdos de colaboración a cambio de reducción de penas, representan un avance, aunque la familia y movimientos sociales señalan que aún falta justicia plena para los autores intelectuales del crimen, entre los que figuran los influyentes hermanos Brazão, acusados de orquestar el ataque.
Desde la sala del tribunal, Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial, expresó que este fallo es solo el comienzo para desarticular la impunidad y reforzar la justicia en un país donde los asesinatos políticos han sido comunes.
Familiares y movimientos sociales piden justicia completa
La familia de Marielle Franco, incluida su hermana Anielle y su hija Luyara, estuvo presente en la corte para escuchar la sentencia, y se mostraron visiblemente emocionados y aliviados al escuchar el fallo. Antonio, padre de Marielle, comentó que este resultado era un logro en memoria de su hija, mientras Anielle Franco recordó la importancia de que Brasil no normalice el asesinato de figuras políticas y activistas sociales.
El asesinato de Franco generó una profunda indignación en Brasil y a nivel internacional, en particular debido a sus implicaciones sociales y políticas: Franco era una activista de derechos humanos, de origen humilde, negra y miembro de la comunidad LGBTQ+, lo que la convertía en un símbolo de resistencia frente a las desigualdades y la violencia en Brasil. Su asesinato, a sólo unos meses de la llegada al poder de Jair Bolsonaro, fue interpretado por muchos como un ataque contra los movimientos de derechos humanos y la diversidad política en el país.
Investigación impulsada bajo el mandato de Lula
El avance en este caso, según los familiares de la víctima y grupos defensores de derechos humanos, se atribuye al renovado impulso que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le dio a la investigación tras asumir la presidencia en 2023. Las autoridades detuvieron a los autores materiales en 2019, pero el caso enfrentó bloqueos y maniobras políticas para impedir que los autores intelectuales del crimen fueran procesados. Este año, los hermanos Brazão, conocidos por su influencia en la política de Río de Janeiro, fueron arrestados bajo sospecha de planear y financiar el asesinato.
Human Rights Watch destacó que la condena representa un avance significativo para la justicia en Brasil, y llamó a las autoridades a continuar con el juicio de los autores intelectuales para llevar el caso a una resolución completa.
Implicaciones para la democracia y la justicia en Brasil
La conclusión del juicio de los asesinos materiales y el próximo proceso judicial contra los autores intelectuales subraya la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y el sistema de justicia en Brasil, especialmente en el contexto de los derechos humanos y la protección a figuras públicas. La sentencia ha enviado un mensaje contra la impunidad, aunque el caso continúa siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en su lucha por la transparencia y la justicia en casos de violencia política.
