Nacional

OFICIAL; Programas de Bienestar se convierten en derechos constitucionales

-Sheinbaum publica decreto que garantiza pensiones, apoyos agrícolas y derecho a vivienda digna para trabajadores-

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paso histórico para el país al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que eleva a rango constitucional programas clave de Bienestar, como las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida. Estas reformas aseguran que los derechos sociales se consoliden como un compromiso permanente del Estado.

El decreto reforma el artículo cuarto de la Constitución, estableciendo que las personas adultas mayores de 65 años y aquellas con discapacidad permanente menores de 65 años tienen derecho a una pensión no contributiva otorgada por el Estado. Además, el documento subraya que los recursos destinados a estos programas no podrán ser disminuidos en términos reales respecto al ejercicio fiscal anterior.

“El Estado destinará recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo”, señala el decreto.

En el marco del artículo 27, el decreto también garantiza un jornal seguro, justo y permanente para campesinos que cultiven árboles frutales y maderables. Los pequeños productores agrícolas y pesqueros recibirán fertilizantes gratuitos y un apoyo anual directo. Además, el gobierno mantendrá precios de garantía para productos esenciales como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.

Esta medida busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país y garantizar condiciones justas para los pequeños productores.

La reforma también establece la obligación de las empresas de contribuir a un fondo nacional de vivienda, que garantizará viviendas adecuadas para los trabajadores. Este sistema permitirá acceder a créditos accesibles para adquirir, construir o mejorar viviendas. Asimismo, establece la figura del “arrendamiento social,” con mensualidades que no podrán exceder el 30% del salario del trabajador.

“Se dará preferencia a quienes hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia”, detalla el decreto.

Con estas reformas, el gobierno busca reducir las desigualdades sociales y garantizar derechos esenciales para los sectores más vulnerables. Este paso refuerza el compromiso de transformar los programas sociales en pilares constitucionales que beneficien a las generaciones actuales y futuras.

El Reportero

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