Ciudad de México.- En una acción inédita, el gobierno de México transfirió a Estados Unidos a 29 personas privadas de la libertad, entre ellas figuras clave del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, así como Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, heredero del Cártel de Juárez.
La operación, que tuvo lugar en el contexto de las negociaciones comerciales entre ambos países, implicó el traslado de los reclusos desde ocho penales federales y cárceles en Ciudad de México y Guerrero hacia distintas ciudades estadounidenses, como Chicago, Houston, Nueva York, Phoenix y Washington.
El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que los extraditados enfrentarán procesos por narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Asimismo, adelantó que se buscará la pena de muerte o cadena perpetua para seis de los detenidos, incluidos Caro Quintero y Carrillo Fuentes, mientras que el resto podría recibir sentencias de por vida.
A diferencia de otros casos, esta entrega masiva no se realizó bajo el procedimiento tradicional de extradición, sino mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de México, lo que permitió acelerar el proceso y omitir los amparos interpuestos por los reclusos.
Fuentes oficiales señalaron que el operativo se sustentó en artículos que permiten la cooperación internacional en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada, justificando la entrega de los capos sin los largos litigios habituales en este tipo de procedimientos.
Sin embargo, expertos en derecho han advertido que esta decisión podría derivar en sentencias incompatibles con la legislación mexicana, especialmente en casos donde se aplique la pena capital, sanción que no está permitida en México.
Esta entrega masiva de criminales es la mayor en la historia reciente de la relación entre México y Estados Unidos, superando incluso el operativo de 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón extraditó a 13 integrantes de distintos cárteles.
El Departamento de Justicia de EE.UU. destacó que estas acciones reflejan una administración que negocia desde una posición de fuerza, mientras que en México la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República subrayaron que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos y bajo un estricto apego a la ley.
