En una decisión que ha polarizado a la nación y provocado reacciones encontradas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo significativo que permite al presidente Donald Trump implementar su orden ejecutiva para negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados en 28 estados del país. La resolución, aprobada con una votación de 6-3, representa una victoria legal para el mandatario y sienta un precedente sobre el alcance de las órdenes ejecutivas presidenciales.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema falló a favor del argumento de la administración Trump, indicando que los jueces federales se habían excedido en su autoridad al emitir prohibiciones a nivel nacional que limitaban la implementación de la acción ejecutiva presidencial. Esto significa que la Corte no abordó directamente la constitucionalidad de la orden de Trump, sino que se centró en la jurisdicción de los tribunales inferiores para emitir bloqueos generalizados.
La implicación más directa de esta resolución es que los 22 estados de tendencia demócrata, que activamente buscan bloquear la medida presidencial, podrán continuar otorgando la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados. Sin embargo, en los 28 estados restantes, se abre la posibilidad de que la ciudadanía sea negada, creando un panorama legal fragmentado y heterogéneo en todo el país.
Según datos del Pew Research Center, esta medida podría afectar a aproximadamente 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos con padres indocumentados. De esta cifra, se estima que cerca del 50% son de origen mexicano, lo que convierte a esta comunidad en la más desproporcionadamente afectada por esta potencial reforma en la ley de ciudadanía.
El presidente Donald Trump celebró la decisión de la Corte Suprema, calificándola de “brillante” y expresando que este fallo les permitirá “avanzar con numerosas medidas que habían sido bloqueadas por los tribunales federales”. La administración ha sostenido que la orden ejecutiva es necesaria para asegurar la integridad de las leyes migratorias y la soberanía del país.
Por otro lado, la decisión ha sido recibida con severas críticas por parte de defensores de los derechos civiles y expertos legales. Advierten que esta resolución podría sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a despojar derechos constitucionales y a la creación de un sistema de “derechos y beneficios de ciudadanía heterogéneos”, donde la protección constitucional fundamental de la Enmienda 14 se vea debilitada.
La Corte Suprema ha establecido que su resolución será efectiva después de un período de 30 días, otorgando a los 28 estados afectados la opción de comenzar a implementar la negación de la ciudadanía a hijos de personas no autorizadas.
No obstante, expertos en derecho constitucional y migratorio anticipan que este fallo no es el final de la batalla legal, sino el inicio de una nueva fase. Se espera un “aluvión de nuevas demandas” en cada uno de los estados donde se intente aplicar la medida, lo que eventualmente obligará a la Corte Suprema a abordar de manera definitiva la constitucionalidad subyacente de la decisión presidencial sobre la ciudadanía por nacimiento. La cuestión de si la 14ª Enmienda se aplica a los hijos de indocumentados en suelo estadounidense sigue siendo un punto de contención fundamental que el máximo tribunal aún no ha resuelto.
