En una escalada de presión sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que doblará la recompensa por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La nueva cifra, que asciende a 50 millones de dólares, representa una de las recompensas más altas ofrecidas en la historia por la detención de un jefe de Estado en ejercicio.
El anuncio, que ha causado revuelo internacional, fue realizado a través de un video en la red social X por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. En el breve clip, Bondi enfatizó que la decisión se basa en la “profunda preocupación por la erosión de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”.
Esta medida se suma a las continuas sanciones económicas y diplomáticas que Washington ha impuesto a la administración de Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo, corrupción y de ser responsable de la crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano. La recompensa, que originalmente se estableció en 15 millones de dólares en 2020, ahora se equipara a la de algunos de los criminales y terroristas más buscados del mundo.
El anuncio ha sido recibido con reacciones mixtas. Mientras algunos líderes opositores venezolanos han celebrado la decisión como un paso más hacia la restauración de la democracia, el gobierno de Venezuela no ha tardado en condenar la medida, calificándola como una “provocación imperialista” y una “violación flagrante de la soberanía nacional”.
Expertos en política exterior señalan que el aumento de la recompensa busca generar una mayor presión interna y externa sobre el círculo cercano de Maduro, incentivando a posibles informantes a colaborar con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, también advierten que esta acción podría endurecer aún más la postura del gobierno venezolano y dificultar cualquier tipo de diálogo o negociación futura.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha emitido un comunicado oficial para confirmar los detalles de la recompensa, pero fuentes cercanas al gobierno han indicado que la medida es parte de una estrategia más amplia para buscar el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela y el fin del régimen de Nicolás Maduro.
La fiscal general Pam Bondi ha reiterado en su cuenta de X que cualquier información de valor será tratada con la máxima confidencialidad y que el objetivo principal es llevar a Maduro ante la justicia, ya sea en Estados Unidos o en la Corte Penal Internacional de La Haya.
