Una serie de movimientos militares estadounidenses en el mar Caribe ha encendido las alarmas en América Latina y el Caribe, generando una creciente preocupación sobre una posible intervención en la región. El despliegue, que coincide con reportes de una orden presidencial clasificada para usar fuerza militar contra cárteles, ha sido interpretado por analistas como una escalada de tensiones en la zona.
El 8 de agosto, el New York Times reportó, citando fuentes anónimas, que el expresidente Donald Trump había firmado una orden secreta que autorizaba al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos. Dicha información, aunque no ha sido confirmada oficialmente, ha sido el telón de fondo para los eventos subsecuentes.
Una semana después, el 15 de agosto, la Marina de los Estados Unidos anunció el despliegue del Grupo Anfibio Iwo Jima, una formidable fuerza naval compuesta por el buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. Aunque el comunicado no especificó el destino, fuentes de CNN indicaron que el despliegue formaba parte de un refuerzo militar hacia el sur del Caribe.
La tensión se intensificó el 18 de agosto, cuando la agencia Reuters informó que los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson estaban en ruta hacia aguas del Caribe “próximas a Venezuela”. El despliegue incluía a 4,000 marinos e infantes de Marina, aviones de patrulla marítima P-8 y al menos un submarino de ataque. Según Reuters, la operación sería prolongada, con una duración de varios meses.
Al día siguiente, al ser cuestionada sobre el despliegue, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió una contundente declaración: Estados Unidos utilizaría “todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Esta declaración, sumada a la masiva presencia militar en la región, ha sido percibida por algunos como una justificación para una posible acción unilateral.
El despliegue de esta impresionante fuerza militar en una zona tan sensible ha generado un debate sobre las intenciones de Washington y las posibles consecuencias para la estabilidad regional. Mientras que algunos argumentan que se trata de una operación antinarcóticos de gran envergadura, otros temen que sea el preludio de una intervención que podría desestabilizar aún más a la región.
El gobierno estadounidense, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial que vincule el despliegue con la supuesta orden presidencial. Sin embargo, la combinación de reportes filtrados, el despliegue militar sin precedentes y las declaraciones de la Casa Blanca ha creado un clima de incertidumbre y preocupación en todo el continente. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de intervencionismo en América Latina? La respuesta podría estar en los movimientos de los próximos días
