-El diputado federal advierte que la burocracia está asfixiando a miles de productores y anuncia que llevará el tema directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum-
El diputado federal José Narro Céspedes se colocó nuevamente como uno de los principales defensores del campo zacatecano, al denunciar públicamente el retraso en el acopio de frijol en los almacenes de Alimentación para el Bienestar, una situación que mantiene en incertidumbre a miles de productores en el estado.
En conferencia de prensa, José Narro Céspedes señaló que, pese a los anuncios oficiales, el proceso de recepción del frijol no ha arrancado de manera efectiva en las bodegas del estado, lo que ha provocado afectaciones directas a la economía rural. El legislador fue enfático al advertir que la lentitud administrativa abre la puerta a la corrupción, a los coyotes y a prácticas que lastiman al productor.
El diputado recordó que desde el pasado 15 de octubre se han anunciado fechas para el inicio del acopio en las 54 bodegas de la entidad, sin que hasta el momento todas estén recibiendo el grano. “Lo burocrático y la indolencia han impedido que este proceso se implemente como se comprometió”, reprochó, al tiempo que subrayó que el frijol es el principal cultivo de Zacatecas y sustento de miles de familias.
Ante este escenario, Narro Céspedes anunció que buscará dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de destrabar el acopio, agilizar los pagos y cumplir el precio de garantía comprometido para los productores. “O no le saben a la fórmula o han sido atrapados por la ineficiencia”, expresó, al dejar claro que no permitirá que el campo quede abandonado.
El legislador insistió en la urgencia de activar la movilidad del frijol, entregar costaleras y comenzar de inmediato con la recepción y pago del grano, señalando que el retraso mantiene al campo paralizado y sin ingresos en una de las etapas más críticas del ciclo agrícola.
La postura de José Narro Céspedes refuerza su perfil como un diputado cercano al sector rural, que no solo visibiliza los problemas del campo, sino que asume el costo político de confrontar la ineficiencia institucional para defender a los productores. Su intervención busca garantizar que los apoyos al campo no dependan de trámites lentos ni de voluntades administrativas, sino de compromisos cumplidos.
