-José Narro Céspedes y los derechos de agua en Zacatecas: cien familias despojadas por concesiones irregulares-
Cerca de cien familias de la comunidad Loreto, en el municipio de Río Grande, Zacatecas, llevan generaciones usando el agua del río para su ganado, sus cultivos y su vida. Nadie se los cuestionó durante décadas. Hasta que apareció un solo nombre con varias concesiones que acaparan toda el agua superficial de la zona, dejando a los productores sin acceso a un recurso que consideran suyo por derecho ancestral. Este lunes, el diputado federal José Narro Céspedes se trasladó hasta la comunidad para escuchar el caso, ofrecer su respaldo y comprometerse a gestionar ante la Comisión Nacional del Agua la regularización de esos derechos de agua en Zacatecas que nadie debería haber podido arrebatarles.
El problema: un solo concesionario controla toda el agua del río
Heriberto Ordaz Sandoval, representante de los productores afectados, explicó al diputado el mecanismo del despojo. Rafael Lira de la Rosa tiene registradas a su nombre varias concesiones que le otorgan derechos sobre toda el agua que baja del río, incluyendo acequias, arroyos y aguas rodantes. El resultado práctico es uno solo: los productores de Loreto que han usado ese recurso por generaciones —algunos llevan casi cien años haciéndolo— no pueden acceder legalmente al agua que siempre fue suya.
Los afectados señalan que esas concesiones probablemente fueron adquiridas de manera irregular, posiblemente con prestanombres, en un proceso que habría ignorado o desplazado los derechos de uso previo de las comunidades. La situación no solo afecta el riego agrícola y la actividad ganadera de las familias, sino que toca un principio más profundo: el derecho humano al agua, reconocido en la legislación mexicana, no puede ser monopolizado por una concesión privada que excluye a quien históricamente dependió de ese recurso.
El compromiso de Narro Céspedes: gestión ante Conagua y demanda colectiva
José Narro Céspedes no llegó a Loreto a escuchar y marcharse. Llegó con una propuesta concreta. El legislador ofreció acompañar a las familias en la presentación de una demanda colectiva ante las autoridades federales, con el respaldo de su gestión como diputado ante la Comisión Nacional del Agua para impulsar la regularización de los derechos de agua que les corresponden.
El argumento jurídico es sólido: el derecho de uso ancestral —acreditado por décadas de práctica continua y documentada— es reconocible ante Conagua como base para solicitar la concesión formal. Lo que falta es el acompañamiento institucional para convertir ese derecho de hecho en un derecho de papel. Eso es lo que Narro Céspedes ofreció gestionar.
El diputado también fue explícito en el encuadre del conflicto: no se trata de un litigio entre privados, sino de la defensa de un derecho humano. Esa distinción importa porque cambia el nivel de la intervención que se puede exigir al Estado.
Agua, frijol y campo: el patrón que Narro Céspedes está documentando en Zacatecas
El caso de Loreto no es aislado. Es parte de un patrón que el diputado federal ha ido documentando en sus recorridos por el estado: productores que enfrentan obstáculos institucionales para ejercer derechos que en teoría ya tienen. En el frijol, el problema es el acceso a los centros de acopio y a los precios de garantía. En el agua, el problema son las concesiones acaparadas que excluyen a quienes siempre usaron el recurso.
En ambos casos, el denominador común es el mismo: pequeños productores y familias campesinas desplazadas por estructuras que operan dentro del sistema formal pero en beneficio de unos pocos. Y en ambos casos, la respuesta de José Narro Céspedes ha sido la misma: presencia territorial, gestión institucional y construcción de un expediente que no se pueda ignorar.
Por qué los derechos de agua en Zacatecas son un asunto de seguridad alimentaria
Zacatecas es un estado con vocación agrícola y ganadera en zonas donde el agua no sobra. El municipio de Río Grande, donde se ubica Loreto, forma parte de una región donde la actividad del campo depende directamente del acceso a fuentes superficiales. Cuando ese acceso se concentra en una sola concesión privada, el impacto no es solo económico para las familias afectadas: es una amenaza a la producción local de alimentos.
El compromiso asumido por José Narro Céspedes ante los productores de Loreto es también una señal de hacia dónde apunta su agenda legislativa en Zacatecas: no solo el precio del frijol, no solo los centros de acopio, sino los recursos naturales que hacen posible que el campo zacatecano exista. Sin agua regularizada, no hay siembra. Sin siembra, no hay cosecha. Y sin cosecha, todo lo demás es irrelevante.
Cerca de cien familias de la comunidad Loreto denuncian que un solo particular, Rafael Lira de la Rosa, acapara mediante varias concesiones todos los derechos sobre el agua superficial de la zona —incluyendo ríos, acequias y arroyos—, impidiendo a los productores locales acceder al recurso que han usado por casi cien años para agricultura y ganadería.
El diputado federal José Narro Céspedes se comprometió a acompañar a los productores de Loreto en la presentación de una demanda colectiva y a gestionar ante la Comisión Nacional del Agua la regularización de sus derechos de uso ancestral sobre las aguas superficiales de la zona.
Los derechos de uso ancestral del agua son el reconocimiento de que comunidades o productores que han utilizado históricamente un recurso hídrico tienen una base jurídica para solicitar su regularización formal ante Conagua. En México, el derecho humano al agua está reconocido constitucionalmente y puede servir de fundamento para impugnar concesiones que excluyan a usuarios previos.
La Comisión Nacional del Agua es el organismo federal encargado de administrar y concesionar el uso de recursos hídricos en México. En Zacatecas, productores de varias comunidades denuncian que el sistema de concesiones ha favorecido a particulares en detrimento de comunidades rurales con derechos de uso previo, lo que ha generado conflictos en zonas agrícolas y ganaderas del estado.
El problema de las concesiones acaparadas de agua superficial se suma a la crisis del acopio de frijol como parte de un patrón de exclusión institucional que afecta a los pequeños productores zacatecanos. Sin acceso regularizado al agua, la actividad agrícola y ganadera de las comunidades rurales queda comprometida, lo que profundiza la pobreza y la migración en el campo del estado.
