La Fiscalía General de la República ha solicitado la detención de cinco funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta responsabilidad en el incendio que dejó a 40 personas muertas en una estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Entre los detenidos se encuentra Salvador González Guerrero, el antiguo delegado de la dependencia en Chihuahua, quien fue sustituido por Manuel Alfonso Marín Salazar.
Los funcionarios del INM están acusados de los delitos de homicidio por omisión culposa y lesiones. Sin embargo, los dos funcionarios de más alto rango señalados por este caso, el comisionado Francisco Garduño y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, llevan su proceso en libertad, ya que sólo se les acusa de ejercicio ilícito del servicio público.
Como medida provisional, se ha suspendido temporalmente las operaciones de las 33 estaciones migratorias del país en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluya su visita de las estancias y rinda un informe especial sobre su situación.
La tragedia ha puesto de relieve la urgencia de abordar el problema migratorio en México y la necesidad de garantizar la seguridad y protección de las personas migrantes. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado la falta de medidas de seguridad en las estaciones migratorias y han exigido al gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad de las personas migrantes.
