En México, y particularmente en Zacatecas, la violencia y la impunidad han tejido un oscuro panorama como resultado de políticas estructurales, especialmente en el ámbito de la seguridad pública. Este clima ha desencadenado un deterioro progresivo y una grave crisis de seguridad humana, marcada por un alarmante aumento en delitos como feminicidios, homicidios dolosos de mujeres y desapariciones forzadas de mujeres y niñas. La violencia familiar y los delitos contra mujeres, niñas también han experimentado un preocupante incremento.
La marcha y concentración masiva del 8 de marzo, en la que miles de mujeres zacatecanas participaron, es un claro reflejo de la indignación y la urgencia de la situación. Sin embargo, estas manifestaciones de la sociedad civil chocan directamente con una política gubernamental que, aunque proclamó el año 2024 como el año de la paz, no ha respaldado este decreto con acciones concretas.
En este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, el 8 de marzo de 2024 fuimos testigos y víctimas de abuso de autoridad y brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de libertad, lesiones y tentativa de feminicidio. A pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, seguimos sin ver justicia: ninguna persona ha sido sancionada hasta el momento.
Ante esta situación, continuamos exigiendo la destitución de los responsables directos, entre ellos Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno, Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, y Oswaldo Caldera Murillo, Director de Policía Vial, así como de los elementos policiales implicados en los actos de violencia.
Es importante destacar que estos acontecimientos representan una clara violación de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Por lo anterior, nos dirigimos a las personas relatoras y expertas en derechos humanos de los mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando su intervención para:
1. Obtener información detallada sobre los hechos.
2. Detener cualquier acción revictimizante contra las mujeres afectadas.
3. Prevenir futuras acciones institucionales estigmatizantes contra defensoras de derechos humanos y manifestantes.
4. Otorgar medidas de protección a las víctimas.
5. Realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
6. Informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la verdad histórica y prevenir la repetición de tales violaciones.
Además, conmemorando los dos meses de estos hechos este 8 de mayo, nos reuniremos con el equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México para dar seguimiento a nuestras demandas y continuar luchando contra la impunidad. El equipo del Alto Comisionado estará en Zacatecas en cumplimiento del compromiso expresado en reunión que sostuvimos el pasado 12 de marzo en la Ciudad de México.
No permitiremos que este agravio histórico quede en el olvido. Seguiremos buscando justicia y exigiendo que estos actos de violencia no se repitan nunca más.
