Las actuaciones en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (Fiscalía del estado) no han sido imparciales, pues de los diez peritajes psicológicos realizados de su parte, solo uno ha resultado positivo a signos y síntomas de violencia, a pesar de los graves hechos a los que fueron sometidas las manifestantes.
Además de que la evidencia también se ha visto comprometida por la tardía actuación de la Fiscalía del estado. Ejemplo de ello es que las muestras de sangre en las paredes del Callejón de las Campanas, donde se llevaron a cabo los principales actos de tortura, se han perdido. Otro elemento de preocupación es que los informes ministeriales finales sobre los videos de las cámaras de vigilancia y aquellos que circularon en redes sociales aún no han sido reportados en la carpeta de investigación.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ) informó que la cámara principal del Callejón de las Campanas fue instalada el 27 de marzo, días después de los hechos, contradiciendo testimonios de que dicha cámara ya existía desde 2019. Además, esta secretaría ha negado información crucial, al informar que solo participaron mujeres policías en el operativo del 8M, lo cual ha sido desmentido por testimonios y videos. Esto obstaculiza la posibilidad de contar con las fotografías de los hombres policías que participaron en los hechos de violencia y evita su identificación por parte de las víctimas.
estado para proporcionar un informe sobre las tareas, preparación, mesas de trabajo, bitácoras, órdenes y documentos relativos al despliegue el operativo para el evento del 8M, la SSPZ dio contestación alegando que esta es información reservada según las leyes de acceso a la información pública que se aplica a requerimientos de la ciudadanía en general, ignorando el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que el ministerio público es la autoridad para para conducir la investigación de los delitos y por tanto está facultado para este tipo de requerimientos.
Toda esta situación está violentando gravemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del 8M y envía un mensaje a la sociedad de impunidad, corrupción y encubrimiento de los funcionarios del estado. Ante estos graves hechos preocupa que el Gobernador del Estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, lejos de garantizar los derechos humanos de las mujeres del estado permita la actuación violatoria de las autoridades estatales y mantenga en su cargo a Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial del Estado Zacatecas, a Arturo Medina Mayoral,
Exigimos a las autoridades correspondientes que actúen de manera diligente y transparente para garantizar la verdad, justicia y reparación integral para las mujeres que fueron víctimas de estos atroces actos de violencia. Las autoridades estatales especialmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Secretaria de Seguridad Pública y Gobierno del estado de Zacatecas deben actuar de manera imparcial e independiente para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, evitando todo acto de revictimización, y absteniéndose de la estigmatización de las mujeres que demandamos verdad y no impunidad.
