La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma que permite a funcionarios públicos de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) portar armas de fuego. Esta medida busca brindar mayor seguridad a estos funcionarios que desempeñan labores de riesgo.
La reforma también autoriza a empresas de seguridad privada a portar armas, pero deberán reportar al Registro Federal de Armas los detalles del personal autorizado y del armamento asignado. Además, los ejidatarios y comuneros podrán portar rifles calibre .22 y escopetas de calibre permitido fuera de zonas urbanas y en sus domicilios, siempre que acrediten su identidad y condición.
Se amplía el catálogo de armas permitidas para ciudadanos que buscan seguridad personal y legítima defensa, pero con requisitos más estrictos, como demostrar aptitud física y mental. La reforma ahora pasará al Senado para su análisis y posible aprobación final.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado esta medida, considerándola un paso clave para fortalecer la seguridad y el control de armamento en el país. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan si esta medida realmente contribuirá a mejorar la seguridad o si, por el contrario, aumentará el riesgo de violencia y accidentes.
