-El caso de conspiración para tráfico de fentanilo incluye 9 acusaciones sustitutivas; 4 permanecen confidenciales en expedientes federales-
El caso federal abierto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve políticos sinaloenses acusados de conspiración para introducir fentanilo a Estados Unidos es considerablemente más grande de lo que se conoce públicamente. Investigaciones revelan que existen al menos cuatro acusaciones sustitutivas adicionales presentadas ante gran jurado que se mantienen bajo sello, lo que significa que sus contenidos no han sido desclasificados ni sus acusados identificados. Estas acusaciones confidenciales fueron registradas bajo los expedientes S2, S3, S4 y S8 del código 23-cr-180, almacenadas en los archivos de la Corte sin acceso público.
El caso base y las acusaciones iniciales. El Departamento de Justicia abrió el caso base en 2023, acusando por primera vez al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, de operar una red de distribución de fentanilo hacia Estados Unidos. En esa primera acusación, el gran jurado presentó cargos contra 22 personas, incluyendo a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de Los Chapitos, además de varios integrantes y socios del cartel. La acusación inicial también incluyó a tres empresarios de origen chino ligados con el tráfico de precursores químicos necesarios para la fabricación del fentanilo, ampliando el alcance internacional de la red de tráfico.
Las nueve acusaciones sustitutivas y sus implicados. A partir del caso base, el Departamento de Justicia ha formalizado nueve acusaciones sustitutivas adicionales, de las cuales cinco ya han sido desclasificadas públicamente mientras cuatro permanecen bajo sello. La acusación sustitutiva número 9, desclasificada el 29 de abril, es la más mediática hasta ahora: incluye cargos contra diez servidores y exfuncionarios de Sinaloa liderados por Rocha Moya, acusados de haber confabulado con Los Chapitos para ganar la elección por la gubernatura y, posteriormente, de facilitar las operaciones del grupo criminal y sus narcolaboratorios. Otros acusados ya revelados incluyen a Néstor Isidro Salas (El Nini), Martín Zazueta Pérez (El Piyi), Kevin Gil Acosta (El 200) e Iván Valerio Sainz Salazar (El Mantecas), figuras clave en el aparato de seguridad y operativo del cartel.
Negociaciones y entregas voluntarias. Hasta el momento, seis personas detenidas en estos expedientes han cerrado negociaciones con fiscales federales y se han declarado culpables sin ir a juicio, posicionándose como potenciales testigos en el proceso. Entre estos están Silvano Francisco Mariano, Julio Marín González, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Sergio Duarte Frías, Juan Pablo Lozano y Ana Gabriela Rubio Zea, todos colaboradores en logística de narcolaboratorios, tráfico de armas o lavado de dinero. De mayor relevancia política es el caso de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses el 15 de mayo. También reportes desde México sugieren que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa e imputado en la acusación número 9, se habría entregado voluntariamente, aunque sin confirmación oficial de su presentación en corte.
Cuándo se revelarán las acusaciones secretas. Las acusaciones que permanecen bajo sello podrían desclasificarse cuando los acusados sean efectivamente detenidos o extraditados a Estados Unidos, o cuando el Departamento de Justicia solicite a la jueza a cargo del proceso la desclasificación de los expedientes. Fuentes legales sugieren que estas acusaciones confidenciales podrían incluir a funcionarios aún no identificados, operadores del cartel de mayor nivel o individuos cuya seguridad requiere protección durante las investigaciones. El caso continúa expandiéndose, demostrando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en estructuras de poder político estatal.
