-La reforma constitucional es declarada oficial tras el aval de 20 congresos estatales; el decreto pasa al Ejecutivo para su publicación-
Ciudad de México. La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre las conductas incorporadas destacan la extorsión y las actividades relacionadas con el fentanilo, drogas sintéticas y precursores químicos.
Con el respaldo de 20 congresos estatales, el proyecto impulsado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador ya está listo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que marcará su entrada en vigor.
La reforma establece prisión preventiva oficiosa para delitos como:
- Extorsión.
- Introducción, desvío, producción, distribución y almacenamiento de precursores químicos y drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.
- Contrabando.
- Uso de falsos comprobantes fiscales.
Estos delitos se suman a los ya contemplados en el artículo 19, reforzando el marco jurídico contra conductas que afectan de manera significativa la seguridad pública y la economía nacional.
Los congresos locales de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México dieron su visto bueno, cumpliendo así con el requisito constitucional para validar la reforma.
Esta reforma busca fortalecer la lucha contra actividades delictivas que han generado altos índices de violencia y afectado la estabilidad económica del país. Especialmente, el fentanilo y los precursores químicos representan una amenaza global, no solo por su impacto en la salud pública, sino por su relación directa con el financiamiento de grupos delictivos.
Por otro lado, la inclusión de delitos fiscales como el uso de facturas falsas responde a la necesidad de combatir prácticas que erosionan la recaudación y perjudican al erario.
Tras la declaración de constitucionalidad, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el proyecto al Ejecutivo para su promulgación. Una vez publicado en el DOF, las nuevas disposiciones serán aplicables en todo el territorio nacional.
