La Fiscalía del Estado de Querétaro ha presentado cargos contra una menor de 14 años, acusándola de homicidio calificado tras haber sufrido un parto prematuro en el que el producto falleció. La adolescente, quien presuntamente quedó embarazada tras una violación, enfrenta una situación legal compleja que ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la naturaleza de la acusación y la falta de investigación sobre el abuso.
Acusación cuestionable y contexto polémico
Según los registros, la Fiscalía de Querétaro sostiene que el feto nació vivo y murió por asfixia tras el parto, a pesar de que peritajes iniciales indicaban que el producto falleció dentro del útero. La defensa de la menor y colectivos de derechos humanos argumentan que se trató de una muerte fetal intrauterina, situación que la Fiscalía ha calificado como homicidio calificado, un delito que podría acarrearle una pena de más de tres años de prisión. El caso también exige una multa de reparación del daño a la “víctima”, quien en este caso sería el presunto violador.
Una historia de influencias y conservadurismo
El caso ha puesto en evidencia la influencia de personajes y grupos conservadores en Querétaro, estado que históricamente ha sido controlado por el Partido Acción Nacional (PAN). Desde la administración de Francisco Garrido en 1991, familias como los Granados Torres han ocupado cargos clave en áreas de seguridad en el estado, alternando roles en cada administración panista. Juan Marcos y Juan Martín Granados Torres, ambos abogados y exsecretarios de seguridad, han sido vinculados a múltiples denuncias por abuso policial, homofobia y manipulación de cifras en casos de desaparición.
Entre los antecedentes más conocidos se encuentra el caso de Octavio Acuña, un joven asesinado en 2005 en lo que se presume fue un crimen de odio cometido por policías municipales de Querétaro. A lo largo de los años, las administraciones panistas han sido acusadas de proteger a los responsables de este y otros casos similares, especialmente aquellos relacionados con abuso de poder y homofobia.
Víctor Antonio De Jesús Hernández: el fiscal del conservadurismo
La acusación contra la menor fue formulada por el nuevo fiscal del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, una figura cercana a las élites conservadoras del PAN. Su historial incluye la judicialización de manifestantes que participaron en marchas a favor de la despenalización del aborto en Querétaro en 2021, durante su tiempo como subsecretario de gobierno bajo la administración de Francisco Domínguez Servién. Esta postura hacia la criminalización de las mujeres en temas de derechos reproductivos resuena con el tratamiento del caso actual.
En otra instancia de su carrera, De Jesús Hernández asistió a una reunión en 2018, convocada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Adrián Avante, donde familiares de personas desaparecidas en Querétaro exigieron atención a sus casos. Ni Juan Martín Granados Torres ni el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, ambos con cargos de responsabilidad en el tema, asistieron. En su lugar, enviaron a De Jesús Hernández como representante, quien se limitó a escuchar sin tomar decisiones, lo que dejó a las familias de desaparecidos sin respuestas y agravó la percepción de desinterés institucional sobre la crisis de desapariciones en el estado.
Proceso de designación y controversias en la Fiscalía
La designación de Víctor Antonio De Jesús como fiscal también fue objeto de controversia. La periodista Paulina Rosales reveló vínculos cercanos de De Jesús Hernández con el actual gobernador, Mauricio Kuri, y el exgobernador Francisco Domínguez, lo que ha levantado sospechas sobre la falta de imparcialidad en el desempeño de su cargo. Alejandro Echeverría Cornejo, su predecesor en la Fiscalía, fue una figura central en negar la existencia de una crisis de desaparecidos en Querétaro, estableciendo un precedente de indiferencia hacia los derechos humanos en el estado.
Críticas y demandas de justicia
Organizaciones de derechos humanos han condenado el proceder de la Fiscalía, argumentando que el caso de la menor representa una criminalización de las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Asociaciones que brindan apoyo a la menor han solicitado un tratamiento justo y libre de prejuicios ideológicos, y han enfatizado la necesidad de respetar los derechos de la adolescente, quien se encuentra en una posición de desventaja debido a la falta de investigación sobre el presunto abuso que sufrió.
Este caso pone de manifiesto el impacto de las ideologías conservadoras en Querétaro y la falta de equidad en el tratamiento de mujeres que enfrentan situaciones adversas. Con el historial de conservadurismo y las conexiones políticas que rodean a figuras clave en el estado, el desenlace de este caso podría sentar un precedente en el tratamiento legal de los derechos reproductivos y la justicia para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
