-La presidenta de la SCJN denuncia ataques y desprestigio hacia la judicatura federal-
Nacional.- En un acto que refleja tensión entre poderes, los titulares del Ejecutivo y Legislativo decidieron no asistir al último informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández. En lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum, se envió al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, César Yánez, mientras que los presidentes de las cámaras de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, también brillaron por su ausencia.
Esta decisión contrasta marcadamente con el año pasado, cuando, pese a las diferencias entre el gobierno federal y el Poder Judicial, asistieron Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación, y Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados.
Durante su discurso, la ministra Piña no escatimó palabras para denunciar los ataques, amenazas y desprestigios que el Poder Judicial ha enfrentado, especialmente en los últimos dos años. “Frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo”, enfatizó, subrayando cómo la independencia judicial ha sido percibida como una afrenta al proyecto político dominante.
La ministra presidenta destacó que las tensiones comenzaron cuando la Corte declaró inconstitucional el decreto que buscaba transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También citó el rechazo al denominado “decretazo” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendía clasificar como de seguridad nacional todos los proyectos prioritarios de su administración.
En lugar de centrarse en cifras y logros habituales en este tipo de informes, Piña optó por reflexionar sobre los retos enfrentados por la judicatura. “Cada vez que la Suprema Corte resolvió casos contrarios a los intereses del gobierno, los ministros que votamos en contra fuimos acusados de corruptos y traidores”, declaró con firmeza.
La ministra también cuestionó las acusaciones hacia el Poder Judicial por el alto número de personas en prisión preventiva. Recordó que esta situación se debe a la promoción de medidas como la prisión preventiva oficiosa, impulsada y sostenida durante el actual gobierno.
A pocos meses de que la mayoría del pleno actual de la SCJN deje su cargo en agosto, Piña cerró su informe reiterando la necesidad de preservar la independencia judicial frente a intereses políticos. “El Poder Judicial no debe ser parte de ningún proyecto político dominante, porque nuestra labor es garantizar la justicia y el equilibrio entre poderes”, concluyó.
