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La FGR emite órdenes de aprehensión en caso de corrupción vinculado a Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un total de 73 órdenes de aprehensión en relación a una red de corrupción supuestamente vinculada al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre las personas mencionadas en esta lista se encuentra Alfredo Arámburo Nájar, propietario del equipo de béisbol Algodoneros de Guasave.

La información fue difundida inicialmente por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien reveló los nombres de varios implicados en el caso. Según la FGR, la lista también incluye a María Hernández Ramos y David Hernández Ramos, madre y tío de los empresarios Arellano Hernández, del Grupo ARHE.

Otro nombre destacado en la lista presentada por Ciro Gómez Leyva es el de Jorge Luis Hernández Díaz, quien ha sido socio y fundador de la empresa creada por los hermanos Arellano Hernández y su madre. Hernández Díaz actualmente ocupa el cargo de director de Coseco, la empresa constructora del grupo ARHE.

La FGR informó que estas órdenes de aprehensión fueron otorgadas por un Juez de Control Federal y están relacionadas con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Genaro “G”, Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N” son algunos de los individuos señalados, además de otros 58 servidores públicos y particulares involucrados en la trama de corrupción.

Según las investigaciones, estas personas habrían conspirado con Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como con sus socios Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, para desviar recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social, dependiente de dicha Secretaría.

En un reportaje publicado en 2020, se reveló la existencia de una red de empresas implicadas en desvíos millonarios durante la gestión de Genaro García Luna. Entre estas empresas se mencionaron varias con sede en Sinaloa, ligadas a los hermanos Arellano Hernández y a Alfredo Arámburo Nájar. Según el reportaje, estas compañías habrían actuado como intermediarias en la recepción y transferencia de recursos para la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública federal. Ciro Gómez Leyva ha mencionado en Twitter a algunos de los personajes involucrados en este entramado de corrupción.

En el mismo reportaje se destaca la presunta relación entre la “Operadora Grupo Gas Mart” y la red de empresas de los empresarios beisboleros Alfredo Arámburo, dueño de los Algodoneros de Guasave, y los hermanos Juan José y Erick Arellano. Se señala que algunas de estas empresas han sido declaradas como fantasma o factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con estas órdenes de aprehensión emitidas por la FGR, se espera que se lleve a cabo un proceso de investigación y judicialización de los implicados en este caso de corrupción ligado a Genaro García Luna.

Las repercusiones de estas acusaciones han generado un gran revuelo en la opinión pública, especialmente debido a la presencia de Alfredo Arámburo Nájar, propietario de los Algodoneros de Guasave, en la lista difundida por Ciro Gómez Leyva. La noticia ha generado interrogantes sobre las posibles implicaciones de este caso en el mundo del deporte y ha puesto en entredicho la integridad del equipo de béisbol.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de Alfredo Arámburo Nájar ni de los Algodoneros de Guasave en relación a estas acusaciones. Sin embargo, se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados.

Este escándalo de corrupción ligado a Genaro García Luna y las personas mencionadas en la lista han evidenciado nuevamente la importancia de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en todas las esferas de la sociedad. La FGR continúa trabajando en este caso y se espera que se lleven a cabo los procesos legales correspondientes para sancionar a los responsables.

La opinión pública estará atenta a los avances de esta investigación, esperando que se haga justicia y se sienten precedentes firmes en la lucha contra la corrupción en el país.

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