-La Secretaría de la Función Pública destituye a 243 trabajadores y suspende a más de 4 mil 800 en siete años-
Nacional.- En los últimos siete años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los cuales 243 han sido destituidos de sus cargos y más de 4 mil 800 inhabilitados.
Desde la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en 2017, se han registrado sanciones en 228 dependencias. Este incumplimiento, considerado no grave, incluye a empleados de la Presidencia de la República, donde se inhabilitó a 55 trabajadores, se suspendió a cinco y se amonestó a nueve. En la Secretaría de Gobernación se aplicaron 375 sanciones, incluyendo 15 destituciones y 109 inhabilitaciones.
El 18 de julio, la SFP informó que 7 mil 124 empleados federales han sido sancionados en el actual sexenio por no cumplir con la declaración patrimonial, con más de tres mil sanciones correspondientes al último año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según datos de la SFP, las instituciones con más sanciones por esta causa son el Servicio de Protección Federal (SPF), el ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración (INM). En el SPF, 709 empleados fueron sancionados, incluyendo 257 suspensiones y 204 inhabilitaciones. En el ISSSTE, 603 trabajadores recibieron sanciones, con 273 inhabilitaciones y 271 suspensiones. En el INM, se aplicaron 528 sanciones, destacando 278 inhabilitaciones.
Las destituciones se aplican en instituciones como el IMSS, Liconsa y la misma SFP, acumulando 243 casos en total. En el IMSS, 41 servidores fueron destituidos desde 2017, mientras que en la SFP y Liconsa, las destituciones suman 26 y 16, respectivamente.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor desde el 19 de julio de 2017, obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses. Aunque inicialmente la obligación se aplicaba a 350 mil empleados, en 2020 se amplió a más de un millón 600 mil tras la aprobación de nuevos formatos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Las sanciones por no declarar el patrimonio incluyen destituciones y inhabilitaciones, siendo las últimas las más comunes. Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el INM, la Guardia Nacional, el ISSSTE y el SPF encabezan la lista de inhabilitaciones. Este tipo de sanciones varían según el nivel jerárquico, antecedentes y reincidencia del servidor público.
