La reciente aprobación de la reforma de supremacía constitucional en México ha provocado reacciones diversas y un intenso debate sobre sus implicaciones para el sistema judicial y el equilibrio de poderes en el país. Esta enmienda, impulsada por el partido Morena y avalada por las Cámaras de Diputados y Senadores, introduce cambios significativos a los artículos 105 y 107 de la Constitución, restringiendo la posibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de amparos y acciones de inconstitucionalidad.
¿Qué establece la reforma de supremacía constitucional?
La reforma tiene como objetivo impedir que reformas constitucionales aprobadas por el Congreso puedan ser suspendidas o impugnadas. Con las modificaciones, el artículo 105 establece que serán improcedentes las controversias y acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. Asimismo, el artículo 107 prohíbe el juicio de amparo contra cualquier enmienda constitucional.
Además, se incluyó un artículo transitorio que dispone la retroactividad de estas disposiciones, de modo que los juicios o recursos en trámite sobre la validez de reformas constitucionales deberán ser desechados.
Contexto y controversia en torno a la reforma
La aprobación de esta enmienda llega en un momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra evaluando acciones de inconstitucionalidad sobre la reciente reforma judicial. Morena sostiene que la reforma busca evitar el “activismo político” de los jueces, garantizando que la voluntad del Legislativo sea respetada sin interferencias judiciales.
Sin embargo, la reforma ha sido objeto de duras críticas. Miembros de la oposición y diversas organizaciones civiles señalan que limita severamente los mecanismos de defensa judicial contra posibles abusos legislativos, eliminando herramientas esenciales para proteger los derechos ciudadanos.
Posturas a favor y en contra
Defensores de la reforma:
- Ricardo Monreal, diputado de Morena, asegura que la reforma refuerza el Estado de derecho, protegiendo la Constitución como la máxima ley y subrayando los límites de cada poder.
- Ruth Maricela Silva Andraca, diputada del PVEM, considera que la enmienda elimina la intervención judicial sobre reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, fortaleciendo la soberanía legislativa.
- Katia Alejandra Castillo Lozano, diputada de Morena, afirma que esta reforma garantiza certeza jurídica al blindar la Constitución de cuestionamientos judiciales.
Críticas y oposición:
- Miguel Carbonell, constitucionalista, sostiene que la reforma es peligrosa, pues bloquea la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, eliminando un recurso esencial para defenderse de posibles excesos legislativos.
- Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, advierte que se engaña a la ciudadanía al privarla de los recursos judiciales para protegerse contra el abuso de poder.
- Partido Acción Nacional (PAN) acusa que la reforma establece un régimen autoritario al consolidar un control total de las decisiones legislativas.
Implicaciones de la reforma para el sistema judicial
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha manifestado su preocupación por el impacto a largo plazo de la reforma, argumentando que limitar la capacidad de impugnación judicial obstaculiza el desarrollo de la doctrina de revisión de reformas constitucionales. Además, señala que esta medida podría representar un retroceso en la protección de derechos humanos, dejando a los ciudadanos sin mecanismos para cuestionar decisiones legislativas que les afecten directamente.
La visión de la Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, afirmando que no introduce nuevos principios, sino que formaliza en la Constitución lo ya contemplado en la Ley de Amparo. Sheinbaum subrayó que la enmienda no modifica el espíritu de la Constitución, sino que refuerza lo establecido para garantizar que las decisiones del Congreso no sean anuladas por el Poder Judicial.
Conclusión
La reforma de supremacía constitucional en México marca un cambio significativo en el balance de poderes y en la capacidad de la SCJN para intervenir en decisiones legislativas. Mientras Morena y sus aliados ven en esta reforma una medida para consolidar el poder legislativo, críticos advierten que podría sentar las bases para un control desmedido de la Constitución, afectando derechos fundamentales y limitando los recursos judiciales de la ciudadanía.
