-Autoridades de Jalisco conocían sobre crematorios clandestinos y ejecuciones desde hace una década-
Jalisco, México – Desde la administración del exgobernador Enrique Alfaro, las autoridades estatales sabían de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Teuchitlán, donde el grupo criminal estableció centros de exterminio y entrenamiento.
Las investigaciones revelan que en 2013, miembros del CJNG tomaron por la fuerza el rancho Los Amiales, ubicado a pocos kilómetros del recientemente identificado rancho Izaguirre, utilizado como centro de entrenamiento criminal.
“Este sitio operó durante dos años como un campo de exterminio”, indican fuentes de inteligencia, tras la ejecución de su dueño y seis trabajadores.
Las investigaciones determinaron que el rancho fue escenario de fusilamientos masivos, evidenciados por cientos de impactos de bala y rastros de sangre en las instalaciones.
A pesar de las denuncias y la apertura de nueve carpetas de investigación por homicidio, se sospecha que la cantidad de víctimas fue mucho mayor. Sin embargo, nunca se realizaron excavaciones para descartar la presencia de fosas clandestinas.
Desde 2017, la Fiscalía de Jalisco ya tenía indicios de la existencia de hornos clandestinos en municipios como Tala y Ameca, utilizados por el CJNG para desaparecer cuerpos.
En agosto de 2017, en Tala, las autoridades ubicaron tres campos de adiestramiento del cártel, donde se detuvo a 19 personas.
Un caso similar ocurrió en Lagos de Moreno, donde el Cártel de Sinaloa también empleó hornos clandestinos para desaparecer a cinco jóvenes en 2023.
A pesar de las evidencias, el gobierno de Jalisco no tomó medidas efectivas para frenar estos crímenes, permitiendo que durante años estos sitios operaran sin intervención significativa.
En redes sociales, ciudadanos han cuestionado al exgobernador Enrique Alfaro sobre su inacción ante la violencia en Teuchitlán.
“Mi gober, ¿y los desaparecidos? ¿En serio puedes dormir en paz?”, escribió un usuario en una de sus publicaciones.
El silencio de las autoridades estatales sigue generando indignación, mientras familiares de víctimas continúan exigiendo justicia por las desapariciones y ejecuciones ocurridas en esta zona de Jalisco.
