Nacional.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó este viernes que la Cámara Alta ha presentado denuncias penales, administrativas y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades detectadas en varios contratos por un monto cercano a los 150 millones de pesos.
En su intervención en tribuna, López Hernández detalló que tras una exhaustiva revisión, se encontraron contratos con inconsistencias que requieren ser investigadas a fondo. Entre los contratos señalados, destacó dos en particular, uno relacionado con la administración del archivo histórico de la Cámara de Senadores y otro relacionado con el mantenimiento de los elevadores del recinto legislativo.
El primero de estos contratos, según el senador, fue firmado con la empresa Full Service de México para la administración del archivo histórico, con un costo anual aproximado de 60 millones de pesos. Sin embargo, López Hernández aclaró que el servicio realmente consistía en la renta de una bodega en el estado de Hidalgo, lo que ha generado inquietudes sobre la justificación del gasto.
El segundo contrato en cuestión fue firmado con la empresa Grupo Piasa para el mantenimiento de los elevadores del Senado, un servicio que, según López Hernández, no ha sido cumplido adecuadamente, ya que los elevadores “no están funcionando”. Ante esta situación, se inició un proceso de rescisión del contrato, que tenía un valor superior a los 90 millones de pesos y era de carácter multianual.
El presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que las denuncias por estas presuntas irregularidades ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. “Nosotros hicimos una denuncia de lo que creemos que son presuntas irregularidades e iniciamos un procedimiento de rescisión de contratos”, afirmó.
Además, López Hernández adelantó que la revisión de los contratos continúa, abarcando otros servicios como el de Resguardo Parlamentario y el valet parking del estacionamiento de la sede principal del Senado. Explicó que se hará una auditoría minuciosa de todos los acuerdos con proveedores de servicios firmados por la Cámara Alta.
El senador también destacó que estos contratos no son recientes, sino que se renovaban anualmente, de manera similar a lo ocurrido con el esquema de outsourcing que, según él, resultaba “leonino”. Por lo tanto, indicó que las autoridades competentes serán las encargadas de llevar a cabo las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades.
Este escándalo surge en un momento en el que la transparencia y la rendición de cuentas están siendo temas clave en el debate público, y se espera que la investigación sobre estos contratos arroje más detalles sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Senado.
