-Sheinbaum anunció feminizar la Conagua como eje de la nueva ley de aguas en México: transparencia en concesiones, prioridad a los hogares sobre la industria y un rediseño cultural del organismo federal más poderoso en gestión hídrica del país–
Feminizar la Conagua. Esas tres palabras fueron suficientes para concentrar la atención de la jornada. Durante la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una propuesta que no estaba en el guion esperado y que en minutos comenzó a circular en redes, grupos y medios: cambiar desde adentro la cultura institucional de la Comisión Nacional del Agua, el organismo federal que administra el recurso más crítico del país. No como un ajuste de plantilla ni como una cuota de representación, sino como una transformación de fondo en la lógica con la que la Conagua toma decisiones sobre el agua de millones de mexicanos.
¿Qué significa exactamente feminizar la Conagua?
La presidenta fue específica en lo que no quiere que se entienda por la propuesta: no se trata únicamente de nombrar más mujeres en cargos directivos. Sheinbaum explicó que feminizar la Conagua implica incorporar a la institución la visión de cuidado, la gestión comunitaria del recurso y el enfoque de derecho humano que históricamente han encabezado las mujeres, especialmente en comunidades rurales donde son ellas quienes administran, cuidan y distribuyen el agua sin ningún tipo de reconocimiento institucional. Es, en palabras de la mandataria, cambiar la cultura de un organismo que durante décadas operó con una lógica alejada de las comunidades que más dependen del recurso.
Esa propuesta se enmarca dentro de una reforma más amplia que el gobierno federal presentó este viernes. La nueva iniciativa de Ley de Aguas Nacionales establece una jerarquía clara que hoy no existe en la norma vigente: el consumo humano tiene prioridad sobre los usos industriales y comerciales. Una corrección estructural que el Ejecutivo presenta como respuesta a décadas de concesiones que favorecieron a grandes usuarios agrícolas, industriales y mineros por encima de las necesidades básicas de la población. Según el gobierno, esa es una de las raíces del problema hídrico que hoy enfrenta el país.
Lo que incluye la reforma más allá de la feminización
La iniciativa no se agota en el debate de género. La reforma contempla un rediseño en el modelo de transparencia y rendición de cuentas en el otorgamiento de concesiones, una de las áreas donde históricamente se han documentado irregularidades y opacidad. También incluye nuevos mecanismos de participación comunitaria en la gestión local del agua, refuerzo de infraestructura hídrica en regiones con estrés severo y criterios técnicos actualizados para la asignación del recurso entre distintos sectores y usuarios.
El gobierno federal reconoció que los lineamientos específicos sobre cómo se traducirá feminizar la Conagua en nombramientos concretos, presupuestos asignados y programas operativos serán definidos en una etapa posterior. Esa vaguedad en los detalles de implementación es, precisamente, el punto que más observan con cautela las organizaciones sociales y colectivos que trabajan la gestión comunitaria del agua desde el territorio. Reconocen el avance en el discurso, pero esperan ver los cambios reflejados en decisiones concretas con fechas y recursos.
El contexto que hace urgente esta reforma
México enfrenta una crisis hídrica que ya no es proyección: es realidad cotidiana en múltiples regiones del país. Presas en niveles mínimos históricos, acuíferos sobreexplotados, comunidades que reciben agua por tandeo y zonas costeras donde la sobreextracción está permitiendo la entrada de agua salada a los mantos freáticos. En Sinaloa, por ejemplo, datos recientes de la organización Conselva revelan que se extrae más del doble del agua que ingresa al sistema hídrico estatal. El modelo actual no es sostenible y el gobierno lo sabe.
En ese contexto, la propuesta de feminizar la Conagua llega como parte de una apuesta más amplia por rediseñar la relación entre el Estado mexicano y el agua. Si la reforma consigue avanzar en el Congreso con su espíritu intacto, implicaría el cambio normativo más significativo en la gestión hídrica del país en décadas. Si se diluye en el proceso legislativo, quedará como una declaración presidencial bien intencionada pero sin consecuencias reales para las comunidades que más necesitan que algo cambie.
El camino que sigue
El gobierno federal promoverá la discusión legislativa de la iniciativa en los próximos meses. La reforma deberá conseguir los votos necesarios en el Congreso, donde enfrentará tanto el escrutinio técnico sobre sus criterios de asignación hídrica como el debate político sobre el alcance real de la perspectiva de género en una institución con décadas de funcionamiento bajo otra lógica. Organizaciones sociales, académicos, sectores productivos y colectivos de mujeres ya tienen opiniones formadas sobre la propuesta. El debate legislativo promete ser intenso.
