-El vicefiscal general adjunto de EU ordenó a los 93 fiscales del país acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, no solo de delitos relacionados con drogas-
La ofensiva legal de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos no ha alcanzado su punto máximo. Según un artículo publicado por The New York Times, el vicefiscal general adjunto Aakash Singh convocó a una llamada con los 93 fiscales federales del país para darles órdenes directas sobre cómo actuar en el combate al narcotráfico proveniente de México. La instrucción fue sin ambigüedades: Estados Unidos planea triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos que presuntamente cooperan con los cárteles. “Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, dijo Singh en esa llamada, según el reporte del periódico neoyorquino.
La directiva va más allá de los cargos por narcotráfico que hasta ahora han caracterizado las acusaciones contra los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Singh instruyó a los fiscales a imputar a los funcionarios mexicanos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, una clasificación que adquirió peso legal desde que Donald Trump firmó la orden ejecutiva que designó a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. Ese cambio en la tipificación de los cargos eleva significativamente las consecuencias legales para los acusados y amplía el alcance de lo que Estados Unidos puede perseguir jurídicamente. El caso Sinaloa, con sus diez acusados entre los que se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sería solo el primer capítulo de una estrategia que según Singh tiene como objetivo triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos en los próximos meses.
El tono de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses no deja margen para pensar que se trata de presión diplomática sin consecuencias reales. Singh fue particularmente directo al anticipar la reacción del gobierno mexicano ante la escalada: “Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos. Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel.” Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sumó el martes su propio posicionamiento: “Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera.” Ambas declaraciones pintan un escenario en el que Washington no está buscando negociar, está buscando acusar.
Este contexto llegó el mismo día en que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la garita de Nogales para entregarse voluntariamente a los Marshals estadounidenses y tuvo su primera audiencia en Nueva York, donde se declaró no culpable. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, también se entregó el mismo viernes. Sus movimientos, sumados a la directiva de Singh, configuran una semana que redefine el alcance del caso: lo que comenzó como diez acusados sinaloenses se está convirtiendo en el anuncio de una campaña sistémica contra la clase política mexicana que Washington considera cómplice del narcotráfico.
Si Estados Unidos cumple el plan de triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos, el caso Sinaloa habrá sido solo la primera piedra de un proceso que podría involucrar a decenas de personas en distintos estados del país. La pregunta que el gobierno de Sheinbaum deberá responder pronto es si la postura de exigir pruebas y defender la soberanía seguirá siendo suficiente cuando las acusaciones dejen de ser diez y se conviertan en treinta.
